La Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, calificó este jueves de irresponsable, inaceptable y un atentado a la salud pública el hecho de que personas de distintos sectores no tomen conciencia de la gravedad de la situación sanitaria por la que atraviesa el país y el riesgo en el que colocan a la población y a sus familiares al incumplir con las medidas de prevención y de cuarentena establecidos por el Gobierno a través del Decreto Supremo 4199, situación que puede incidir en una propagación descontrolada del coronavirus.

“A través de los reportes del monitoreo que realizan nuestras oficinas departamentales y regionales en todo el país, se ha podido identificar la existencia de cantidades considerables de personas transitando, sin cumplir con las medidas de seguridad determinadas, en centros de abasto, vías centrales de sus ciudades o realizando solicitudes de autorización para circulación de movilidades sin la protección correspondiente”, manifestó la Máxima Autoridad de la institución, Nadia Cruz.

A esto se suma, acotó, casos de grupos de personas que se resistieron abiertamente a cumplir con la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total, generando enfrentamientos con efectivos policiales que controlan que se acaten las disposiciones establecidas. Como resultado de esta situación, la institución identificó que del 18 al 22 de marzo fueron arrestadas 2.695 personas, de las cuales 2.683 fueron liberadas; 10 se encuentran con detención preventiva y se está por confirmar la detención de otras dos en la población de Caranavi.

Si bien corresponde el arresto de quienes incumplen con la declaratoria de cuarentena, la Defensora indicó que es importante que las autoridades diferencien entre aquellas personas que actúan irresponsablemente y atentan contra la salud al incumplir lo dispuesto en el Decreto 4199, entre aquellas que se encuentran en situación de calle y las que desconocen de la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, precisó, es necesario y con carácter prioritario que el Gobierno central, a través de los ministerios encargados en coordinación con gobiernos departamentales y municipales, implementen de forma inmediata acciones de prevención y concientización sobre la situación sanitaria que se atraviesa, para que la población en general acceda a toda la información necesaria y adecuada sobre la importancia de la cuarentena total declarada y los riesgos que conlleva no asumir lo establecido en el Decreto Supremo 4199, así como las sanciones establecidas ante el incumplimiento.

Cruz, asimismo, instó a los gobiernos municipales a que durante el periodo de cuarentena total, se realicen todos los esfuerzos necesarios para poder asistir a quienes se encuentran en situación de calle, al menos con alimentación y cobijo.

La institución exhorta también a los gobiernos departamentales y municipales de las regiones donde existen casos de coronavirus, a extremar las medidas necesarias para el cumplimiento de la declaratoria de cuarentena total que rige desde el pasado 22 de marzo y garantizar que los horarios para el abastecimiento se cumplan en un marco de organización, coordinación y medidas de protección correspondientes.

A la fecha existen 32 casos confirmados en el país: 18 en Santa Cruz; 8 en Oruro; 3 en Cochabamba y 3 en La Paz. 

Si bien en el resto de los departamentos y municipios de Bolivia no se detectaron casos del COVID-19, esto no debe implicar de ninguna forma que las medidas y el cumplimiento a la cuarentena total por parte de las autoridades y la población, deban ser minimizados o considerados innecesarios.

“La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades de estos departamentos en el mismo marco de aquellos en los cuales se reportaron casos, a realizar todas las acciones necesarias para proteger a su población de un posible contagio, asumiendo medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, en directa coordinación con el Gobierno central y sin escudarse en límites competenciales, toda vez que los mismos solo resultan perjudiciales para la población beneficiada a quién el Estado le debe protección”, apuntó la Autoridad.