Las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertaron hoy que el COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas originarios y amazónicos,

En una declaración emitida previo al Día Internacional del Medio Ambiente, las entidades urgieron a los Estados con soberanía en esta región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.

En relación con la pandemia, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH expresaron alarma por los contagios y fallecimientos que han afectado a los pueblos indígenas amazónicos, así como la falta de acceso a información de salud confiable, la carencia de infraestructura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis.

También expresaron preocupaciones específicas sobre la situación de las mujeres indígenas y la continuidad de actividades de desarrollo, económicas y extractivas que dificultan las medidas de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades.

Además, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH llamaron a implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de auto cuidado, fortalecer la participación de sus autoridades en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos.

La declaración es firmada por el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab; su par de la ONU Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori; el Coordinador de la Misión en Bolivia de ONU Derechos Humanos, Alán García Campos; y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

Lee la declaración completa:

Urge proteger de COVID-19 a los pueblos indígenas amazónicos

“En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde ONU Derechos Humanos y la CIDH* alertamos que COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta.

Habitada por más de 420 pueblos indígenas -al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario-, la Amazonía es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a pueblos que viven en la región amazónica.

En este contexto, los Estados de la región amazónica deben incrementar las medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a COVID-19, tanto a nivel de contagios como de los impactos sobre sus derechos asociados a la pandemia.

Mientras los sistemas nacionales de salud enfrentan serias dificultades para dar una respuesta efectiva, el coronavirus ha hecho más evidente la histórica ausencia o limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de estos pueblos, tomando en consideración además sus conocimientos ancestrales, prácticas curativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural.

La pandemia también ha puesto de relieve la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su autogobierno y libre determinación. Por ello, es esencial que los Estados aseguren la participación de los pueblos indígenas a través de sus entidades representativas, líderes/as y autoridades tradicionales en la formulación e implementación de políticas públicas para enfrentar el alto riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas amazónicos.

En ese sentido, llamamos a los Estados a respetar las medidas de autoaislamiento adoptadas por los pueblos indígenas —sean estas tradicionales o a raíz de la pandemia, como cordones sanitarios—, así como a proveerles material de protección personal de forma segura. También es de suma importancia compartir con los pueblos indígenas información culturalmente adecuada y en sus propias lenguas o dialectos, que sea veraz y oportuna respecto a la contingencia.

Desde ONU Derechos Humanos y la CIDH saludamos las iniciativas de los Estados que contemplan apoyos socioeconómicos, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado de los pueblos indígenas frente a la pandemia, considerando que su subsistencia muchas veces depende del comercio informal o actividades como el ecoturismo, las que se han visto alteradas por la imposición de cuarentenas u otras medidas de distanciamiento físico.

Compartimos preocupación frente al carácter insuficiente o inadecuado de algunas de estas medidas: en ocasiones los apoyos son inaccesibles, no llegan a los territorios de forma oportuna, o las comunidades reciben alimentos inadecuados para sus formas de vida, cosmovisión o cultura. Ls modos de distribución no siempre observan las normas sanitarias, causando aglomeraciones que pueden contribuir a la propagación de COVID-19.

También llamamos a las autoridades a promover los derechos de las mujeres indígenas, las cuales tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia, debido a su rol preponderante en la economía informal y como cuidadoras en el hogar. Se debe asegurar que las mujeres indígenas se beneficien igualmente de las medidas de protección social; prevenir y responder a la violencia que ha escalado como resultado de las medidas de confinamiento en el hogar; y asegurar que la situación de sobrecarga de los sistemas de salud no derive en un aumento alarmante de las tasas de mortalidad materna entre las mujeres y adolescentes indígenas o dificultades adicionales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

Durante la crisis, hemos recibido información alarmante de que algunas empresas (extractivas, forestales y otras) sin respeto del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, no han cesado sus actividades, incluso en zonas donde se ha decretado restricción de la circulación y otras medidas extraordinarias, exponiéndolos a un alto riesgo de contagio. Adicionalmente, estos pueblos se ven expuestos a las operaciones de actores armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. Por todo ello, llamamos a los Estados a abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables.

En una siguiente etapa, las medidas de mitigación de daños y de recuperación deben valorar en su diseño, implementación y evaluación las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, con énfasis en personas indígenas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, personas con diferentes problemas de salud y personas indígenas defensoras de derechos humanos. Especialmente importante es que los Estados garanticen procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para los pueblos y comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación que pueda afectar sus derechos y legítimos intereses, sobre todo cuando se trata de la apertura de territorios indígenas a megaproyectos de industrias extractivas o iniciativas similares.

Por último, desde ONU Derechos Humanos y CIDH alentamos a los Estados de la región amazónica a redoblar sus esfuerzos de cooperación sur-sur a los efectos de extremar las medidas de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en el marco de la pandemia, con miras a proteger sus formas de vida, subsistencia y derechos humanos.

FIN

Declaración conjunta de Jan Jarab Representante ONU Derechos Humanos – América del Sur; Alberto Brunori, Representante ONU Derechos Humanos – Colombia; Alán García Campos, Coordinador de la Misión ONU Derechos Humanos en Bolivia, y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.