La Paz, Bolivia
26 de abril de 2024
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El secretario Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de SABSA, Alfredo Chávez, denunció este miércoles que el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, pretende realizar una “masacre blanca" en SABSA, con la intención de fusionar la empresa con NAABOL; aseguró que los trabajadores pueden pasar a otra empresa pero manteniéndose bajo la Ley General del Trabajo y no así del funcionario público.
“Nosotros hemos pedido a la Central Obrera Boliviana para que los trabajadores de SABSA pasemos a NAABOL, nos quedemos en SABSA o se cree otra empresa, tiene que estar bajo la ley General del Trabajo, entonces se ha sacado una resolución, donde se le pide que los trabajdores de SABSA se mantengan bajo la ley general del trabajo”, sostuvo Chávez a la Agencia de Noticias CCB.
El dirigente de los trabajadores de SABSA, señaló que la fusión con NAABOL pondría en riesgo a 835 trabajadores quienes se pretende que pasen al Estatuto del Funcionario Público, vulnerando la Ley General del Trabajo en la cual están amparados los trabajadores.
Chávez, denunció además que el Ministerio de Obras Públicas no quiere aceptar la propuesta de ampliar por 15 años más la concesión de SABSA, puesto que están empeñados a fusionar la misma, llevando a la "quiebra" a la empresa, por lo que pidieron al ministro Montaño no mentir al presidente Arce sobre la situación de SABSA que al momento es sostenible en sus estados financieros y no tiene ningún tipo de deuda como lo tiene NAABOL.
En ese marco señaló que los trabajadores se declaran en estado de emergencia y no descartan asumir medidas de presión en contra del Gobierno que pretende pasarlos bajo el estatuto del funcionario público, sin respetar el último decreto aprobado por el presidente Arce, donde se establece el respeto al derecho adquirido de los trabajadores.
Este domingo 27 de febrero fenece la concesión de SABSA, por lo cual los trabajadores de dicha empresa propusieron al Gobierno la ampliación de la concesión por 15 años más, donde se garantizaría un ingreso para el Estado de más de 5.000 millones de bolivianos y más ingresos por impuestos y otros.
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