La Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, este miércoles manifestó su profunda indignación y repudio por la detención ilegal de una mujer por parte de seis efectivos policiales en la ciudad de Santa Cruz, donde la habrían torturado con agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

La víctima relató que fue detenida sin orden fiscal, que no le informaron sobre los hechos o delitos de los que la acusaban y que con un golpe en la espalda la subieron a un vehículo para trasladarla a dependencias policiales. Allí “fue internada en un cuarto, donde un Sargento comenzó a manosearla y luego le exigió que le haga sexo oral, mientras le embolsaba su cabeza”, en presencia de seis efectivos policiales. Posteriormente, ellos notaron que la víctima no era la persona a quien buscaban y le ofrecieron agua y un almuerzo para que se reponga. Varias horas después, la liberaron.

Este hecho transgrede la normativa internacional y nacional, que protege a las mujeres; por lo que la Defensoría del Pueblo denuncia la violación a los derechos de: libertad personal, garantías judiciales, integridad personal y dignidad.

Éste fue declarado el año contra la violencia hacia las mujeres; sin embargo, paradójicamente existe una creciente cifra de feminicidios y situaciones de violencia en contra de ellas tanto en el entorno familiar como en el social. En este caso, es la institución policial, la llamada a proteger la vida e integridad de la sociedad boliviana, la que incurre en estos hechos de violencia.

La Defensoría del Pueblo exhortó a que las funciones policiales se cumplan en el marco del respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, y que los efectivos policiales sean copartícipes en la promoción, respeto y defensa de los mismos. Ellos deben cumplir lo establecido en la normativa y no deben incurrir en estos hechos que afectan no sólo a la sociedad boliviana sino también a  la Policía Boliviana. 

La institución defensorial exigió a la Policía Boliviana que inicie las investigaciones correspondientes contra cada uno de los efectivos involucrados en este caso y que se les dé la máxima sanción. También emplaza al Ministerio Publico a iniciar, de manera inmediata, las acciones que correspondan a la magnitud de este hecho.