La Paz, Bolivia
26 de abril de 2024
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La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este viernes denunció formalmente ante el Ministerio Público al Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, y al Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría Choque, por incurrir en cinco delitos penales al desconocer e impedir el trabajo de la institución defensorial.
Ambas autoridades desconocieron públicamente a la Defensora del Pueblo interina, bajo el argumento de que su nombramiento hubiese sido sólo por 90 días, tiempo que ya habría fenecido, y por tanto anunciaron que devolverán todas las solicitudes de información.
De acuerdo con el memorial presentado por la Defensora del Pueblo, estas autoridades adecuaron sus conductas a los ilícitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, de acuerdo con el Código Penal.
La denuncia formal incluye a todos aquellos ciudadanos que resultaren coautores, cómplices y encubridores de los ilícitos denunciados.
La Defensora hace notar que al incurrir en esos tipos penales la conducta de las autoridades mencionadas repercute en los peticionarios que acuden a la Defensoría del Pueblo, así como en el trabajo que ella desempeña.
Consideró que ellos buscan “limitar” las funciones o “desaparecer” la institución defensorial, que a la fecha realiza investigaciones e intervenciones sobre graves violaciones a los derechos de los bolivianos.
Cruz recordó que fue nombrada en el cargo de manera interina por la Asamblea Legislativa conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que señala que ante la ausencia del titular se designará a un interino de entre los delegados defensoriales adjuntos habilitados, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”.
Hace notar, asimismo, que está vigente una Medida Cautelar en su favor y del delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras consideraciones busca garantizar el ejercicio de las funciones de los cautelados.
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