Denuncian paralización en las instalaciones de gas domiciliario y advierten con acciones penales y movilizaciones
“Hemos vuelto a hablar con el ministro de Hidrocarburos, hemos hablado con el presidente de Yacimientos... y lamentablemente no hay una solución. Parecería que el ministro no tiene autoridad, el presidente de Yacimientos no tiene autoridad, el gerente que no tiene la capacidad de administrar la cosa pública nos está llevando a un problema de vulnerar un derecho constitucional de la población de acceder al servicio básico de gas domiciliario”, sostuvo Araos a los medios de difusión.
El presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Domiciliario, Angel Araos, informó este lunes de la paralización de los trámites y obras para el servicio de instalación de gas domiciliario en el país, lo que ha generado una severa crisis que afecta a miles de familias e instalaciones proyectadas. Denunciaron una marcada incapacidad de gestión en las autoridades del área y advirtieron que la baja ejecución pone en riesgo el cumplimiento de las metas anuales.
“Hemos vuelto a hablar con el ministro de Hidrocarburos, hemos hablado con el presidente de Yacimientos... y lamentablemente no hay una solución. Parecería que el ministro no tiene autoridad, el presidente de Yacimientos no tiene autoridad, el gerente que no tiene la capacidad de administrar la cosa pública nos está llevando a un problema de vulnerar un derecho constitucional de la población de acceder al servicio básico de gas domiciliario”, sostuvo Araos a los medios de difusión.
De acuerdo con las denuncias, los usuarios deben esperar entre cuatro a seis meses sin recibir la atención ni el servicio correspondiente. Además, señalan que, de las 60.000 instalaciones proyectadas para la presente gestión, apenas se ha alcanzado cerca de un 20% de ejecución a finales de agosto.
Esta situación golpea directamente a cerca de 5.000 empresas del rubro a nivel nacional y deja desatendidas a más de 15.000 familias. Los afectados sostienen que la falta de visión técnica de los ejecutivos de YPFB y Redes de Gas vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a acceder a un recurso básico.
Ante la falta de respuestas, los dirigentes anunciaron el inicio de procesos administrativos y penales contra las autoridades responsables. Asimismo, manifestaron que la presión de las bases y de las empresas afectadas podría derivar en movilizaciones sociales, sobrepasando las restricciones fijadas por el estado de excepción vigente.
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