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SEPTIEMBRE
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"No, pareciera que no estamos en un Estado de derecho, porque cada quien hace lo que le da la gana en su lugar (...) Es una intervención, todo es tardío, ya lo dije anteriormente. Rodrigo Paz creo que realmente está haciendo honor a lo que es chapaco, tarijeño, con todo el respeto que se merece, pero lamentablemente todo lo está haciendo tardío”, sostuvo el asambleísta.
De acuerdo con la denuncia, el Estado destina anualmente cerca de 200 millones de bolivianos a la adquisición de pólizas para firmas públicas, de los cuales aproximadamente 10 millones habrían sido destinados a pagar comisiones a intermediarios innecesarios. Ante este escenario, la bancada opositora anunció el inicio de peticiones de informe escrito a los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo y advirtió con interponer demandas penales por daño económico al Estado.
"Para nuestros pequeños productores agropecuarios (...) seguirán accediendo al diésel al precio de 9 bolivianos con 80 y con el nuevo Decreto Supremo 5698 podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva. El pequeño productor, como lo dijimos en el trabajo que hicimos en San Pablo, no debe ser considerado como un gran consumidor", enfatizó la autoridad al ratificar los beneficios de la nueva normativa.
"Eso es una necesidad para el sector del área rural que hoy lo utilizan para transportar sus productos y otras situaciones (...) No voy a retroceder, voy a continuar. Por eso hemos mejorado más bien esta situación; estas movilidades no van a entrar durante tres años a prestar el servicio de transporte público", aseveró Lluta al ratificar la continuidad del proyecto.
"Lamentablemente no se puede abastecer combustible ni a los carros legales que pagamos una patente o impuestos, y ahora que quieran ingresar de manera ilegal (...) Obviamente no simplemente va a afectar el aspecto económico, sino va a descompensar económicamente el valor adquisitivo de una movilidad del chofer que años ha ahorrado para comprarse un carro original, hasta invirtiendo 60 mil dólares americanos”, sostuvo Tancara a los medios de difusión.
Respecto a los compromisos asumidos por las autoridades, el dirigente señaló que se encuentran a la espera de respuestas concretas en los plazos establecidos. Manifestó que la ciudadanía no puede seguir asumiendo los costos de la crisis y requirió que el Ejecutivo brinde certidumbre de manera inmediata para evitar un mayor descontento social en las regiones y diferentes departamentos del país.
Asimismo, advirtió que las bases del transporte se encuentran movilizadas y que la paciencia del sector se está agotando frente a los compromisos incumplidos. Explicó que "el sector del transporte se está conteniendo precisamente por este decreto de estado de escepción", pero remarcó que no van a permitir más dilaciones ni reuniones sin resultados, ya que "compromiso que se hace, compromiso que no se cumple", por lo que exigió la abrogación inmediata de la norma antes de que los sectores inicien medidas de fuerza.
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