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CONSTRUYENDO BOLIVIA
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01
SEPTIEMBRE
2026
“Hay que escuchar a todos los sectores, porque no solo es Santa Cruz, sino todos los sectores y en base a las mesas técnicas que tengamos, vamos a escuchar a todos para que realmente este Decreto funcione”, expresó la autoridad al remarcar que la modificación de la norma debe ser una determinación conjunta entre el Estado y la sociedad.
Frente a esta situación, la entidad solicitó formalmente que el Decreto Supremo 5676 quede sin efecto y sea sustituido por una nueva regulación basada en un precio único. La propuesta contempla también la liberación total de la importación y comercialización de carburantes por parte del sector privado, de manera que se garantice un suministro eficiente y transparente.
"Nosotros no estamos a favor de que se registren bandas de precios, que para un sector se cobre 18 bolivianos el litro, para otro sector 9.80, en fin. Nosotros consideramos que la medida debe ser general y la medida debe ser para apoyar y reajustar la economía del país: eliminar definitivamente ya la subvención y dar a los privados la facultad de poder importar y comercializar el combustible", sostuvo Rojas.
“Ya no es el propósito de evitar fluctuaciones. Tenemos que entender todos que el régimen cambiario actual no es fijo, no es estable, varía. Entonces el Banco Central no es que va a evitar fluctuaciones, son propias de este mecanismo. ¿Qué sí vamos a hacer? Fluctuaciones grandes, arriba o abajo, ahí sí el Banco Central va a efectuar el control respectivo”, sostuvo la autoridad financiera del país.
“En el Banco Central estamos evaluando el dejar de comprar oro en el mercado interno, porque ya tenemos los recursos para estas últimas operaciones (...) todas esas exportaciones que van a continuar haciendo los operadores de mercado, más bien van a fluir en dólares a las entidades financieras, a las empresas y a los hogares”, afirmó Espinoza en conferencia de prensa.
“Hemos vuelto a hablar con el ministro de Hidrocarburos, hemos hablado con el presidente de Yacimientos... y lamentablemente no hay una solución. Parecería que el ministro no tiene autoridad, el presidente de Yacimientos no tiene autoridad, el gerente que no tiene la capacidad de administrar la cosa pública nos está llevando a un problema de vulnerar un derecho constitucional de la población de acceder al servicio básico de gas domiciliario”, sostuvo Araos a los medios de difusión.
“Sería muy irresponsable eso, no? Porque prácticamente no podemos vivir en una dictadura en un país democrático”, sostuvo Argollo al momento de rechazar esa intención que tienen algunos parlamentarios oficialistas de ampliar la medida de estado de excepción.
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