Analista dice que Paz dijo verdades a medias en torno a las explicaciones sobre su asesor Fernando Cerimedo

Diversos sectores manifestaron su preocupación ante la falta de explicaciones claras por parte del presidente Rodrigo Paz, sobre la actuación de Fernando Cerimedo que supuestamente trabajaba con el gobierno sin cargo oficial, pero que ejerció vocería y representación gubernamental ante instituciones del Estado. Alertó que la falta de transparencia en la gestión pública genera incertidumbre y proyecta una imagen negativa del país frente a la comunidad internacional, así lo manifestó el analista económico Martín Moreira.

"Son verdades a medias por dos razones: una porque el señor claramente ha hablado en muchos sectores representando al gobierno boliviano y no nos aclara por qué hablaba. O sea, ¿por qué un señor que no tiene ningún poder en el Estado puede hablar o puede hablar a nombre de un Estado? Entonces, eso es lo que tendríamos que tendría que aclarar", sostuvo Moreira.

En el ámbito económico, se señaló que esta falta de claridad afecta de manera directa las relaciones con empresas multinacionales e inversionistas extranjeros. La percepción de indicios de corrupción desde altas esferas del Estado y una deficiente planificación estatal deterioran la confianza de los mercados, dificultando la atracción de inversiones clave para el desarrollo del país.

Asimismo, solicitaron al Presidente de la Estado brindar un informe transparente sobre el rol de estos actores en sectores estratégicos de la economía formal e informal, incluyendo el ámbito minero. Argumentaron que la ausencia de respuestas oficiales fomenta dudas sobre la gestión de recursos públicos y debilita la postura del país ante organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Finalmente, advirtió sobre el desgaste del Ejecutivo derivado de acumuladas deudas con empresas proveedoras de carburantes y escándalos vinculados a irregularidades. Remarcaron que resulta fundamental que las autoridades brinden certezas a la población para evitar un mayor impacto económico y garantizar la estabilidad en la gestión pública.