Tras arribo del oro incautado en Santa Cruz a La Paz, mineros piden al Gobierno mayor soberanía y control de la minería ilegal

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, señaló que es tiempo de que el Estado y el Gobierno sientan soberanía institucional en las comercializadoras y en las zonas donde prolifera la minería ilegal principalmente del oro, que está provocando una preocupante fuga de recursos que debilita la economía nacional y priva al pueblo de los beneficios de la riqueza mineral.

“Si es que realmente el Estado como Estado no toma presencia, soberanía y en lo que es pues hacer el control riguroso en las comercializadoras, en algunos centros de donde está la minería ilegal y demás, pues esto va a cundir... Hoy en día estamos sufriendo de dólares. Ahí están los dólares, ahí están las divisas. Pocos se están haciendo multimillonarios y ni siquiera a veces gente boliviana, gente extranjera”.

Las declaraciones las dio tras que arribaron a La Paz, más de 189 kilos de oro que fueron incautados en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, tras que este pretendía trasladarse de manera ilegal a otros países.

Paye señaló que la problemática se refleja claramente en las asimetrías de la recaudación por regalías mineras, donde el departamento de La Paz apenas logró registrar $us 90 millones, una cifra sumamente baja en comparación con regiones como Potosí, que ya proyectan superar los $us 1.000 millones. De los 90 millones recaudados en el territorio paceño, $us77 millones fueron aportados de manera formal por el sector estatal y privado mediante los trabajadores asalariados, mientras que las cooperativas mineras cubrieron casi el 20% restante, evidenciando que el sector del oro no está dejando aportes significativos debido a la informalidad.

Acotó que esta alarmante evasión impacta de forma directa en la actual escasez de dólares que sufre la economía boliviana, ya que las divisas generadas por la comercialización del metal precioso no ingresan al sistema financiero formal. En su lugar, el beneficio económico del contrabando queda concentrado en manos de unos pocos particulares y redes transnacionales integradas por ciudadanos extranjeros, quienes se enriquecen ilícitamente a costa del patrimonio de toda la población.

Ante este escenario, se ha planteado una exigencia urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata los centros de explotación ilegal y ejecuten una fiscalización rigurosa a las empresas comercializadoras. Solo mediante una presencia estatal firme y soberana se logrará frenar el contrabando y garantizar de forma efectiva que los millonarios recursos provenientes de la minería se traduzcan en bienestar, obras y desarrollo para todo el pueblo boliviano.