Estudio del IBCE revela que el 93% considera que el contrabando está descontrolado y daña la economía nacional

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, informó este lunes que el contrabando y la importación ilegal representan un grave flagelo a la economía, destruye empleos formales, evade tributos y fomenta la corrupción en el país, afectando especialmente a rubros de alta sensibilidad. Así lo revelan los datos preliminares de un sondeo realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) entre el 17 y el 30 de septiembre, con más de 1.000 respuestas en el marco de un estudio integral sobre contrabando y falsificación.

“El contrabando es un delito que daña la economía y la sociedad, porque quita mercado a los productores, a los importadores y comerciantes que operan dentro de la legalidad, destruye empleos formales, no tributa el Estado y provoca corrupción”, destacó Rodríguez, a los medios de comunicación.

De acuerdo con la encuesta, un contundente 93% de los consultados indicó que el contrabando está descontrolado y alcanza niveles muy elevados en el país. Asimismo, el 91% de los participantes manifestó que los mercados y ferias libres se encuentran abarrotados de productos falsificados o de contrabando, principalmente ropa, alimentos y artículos electrónicos.

Uno de los aspectos más alarmantes del estudio refleja que 7 de cada 10 personas reconocen que el contrabando es ilegal; sin embargo, a pesar de ello, adquieren estos productos a sabiendas de su procedencia, con un 90% justificándolo debido a que son más baratos. Esto evidencia que la problemática no solo compete al control estatal y la interdicción, sino también a una profunda necesidad de concientización y educación social.

Finalmente, frente a este panorama que será presentado formalmente en un estudio completo en noviembre próximo, se advierte que es indispensable fortalecer las acciones conjuntas de fiscalización. Proteger la economía formal y garantizar la seguridad e integridad humana requiere de una respuesta firme ante los riesgos que implican el comercio ilegal y la falsificación en el mercado nacional.