La Unidad de Investigaciones Financieras prepara informe patrimonial y financiero a requerimiento fiscal en caso Beller y Cerimedo
Las declaraciones las dio tras las denuncias de la activista Nadia Beller, de presuntos actos de corrupción por parte del Gobierno y su asesor Fernando Cerimedo, que involucra también a asambleístas nacionales que presuntamente estuvieran percibiendo sobresueldos de $us 5.000 para aprobar leyes a favor del ejecutivo.
El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, confirmó, este viernes, la recepción formal de una solicitud emanada por parte del Ministerio Público para la elaboración y emisión de un informe patrimonial y financiero dentro de un proceso de investigaciones en el caso de las denuncias de la activista Nadia Beller en contra del asesor presidencial, el argentino Fernando Cerimedo. La entidad fiscalizadora precisó que atenderá dicho requerimiento en el marco de sus competencias y conforme a los plazos procesales establecidos.
“Efectivamente nos ha llegado un requerimiento por parte del Ministerio Público como una autoridad competente para solicitar un informe patrimonial financiero, el cual va a ser emitido en el plazo correspondiente. No puedo dar [detalles] porque es un tema confidencial y también puede entorpecer algunas de las investigaciones que se están realizando; estamos en las primeras etapas del proceso penal”, sostuvo Barboza.
La autoridad aclaró los mecanismos correspondientes para el levantamiento del secreto bancario, remarcando que estos datos son estrictamente personales y confidenciales. En este sentido, puntualizó que la entidad no puede levantar el secreto bancario de oficio, sino que esto procede a solicitud voluntaria de las partes involucradas o mediante orden judicial expresa que cumpla con los requisitos normativos.
Las declaraciones las dio tras las denuncias de la activista Nadia Beller, de presuntos actos de corrupción por parte del Gobierno y su asesor Fernando Cerimedo, que involucra también a asambleístas nacionales que presuntamente estuvieran percibiendo sobresueldos de $us 5.000 para aprobar leyes a favor del ejecutivo.
Durante su intervención ante los medios, Barboza, enfatizó el carácter reservado de las actuaciones, señalando que revelar mayores detalles sobre las personas o entidades investigadas vulneraría la confidencialidad del caso. Asimismo, recordó que el procedimiento penal contempla tres etapas claramente definidas en la ley, por lo que la institución actuará en estricto apego a los tiempos y garantías del proceso.
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