Despachantes de aduana exigen la intervención del Gobierno ante millonarias deudas por sobreestadías de contenedores
A pesar de las gestiones y notas respaldatorias enviadas por los sectores afectados, la problemática sigue sin resolverse. Hasta la fecha, únicamente la empresa naviera MSC habría otorgado una condonación parcial. En contraste, las otras siete navieras que operan en el país no se han pronunciado a favor del comercio boliviano y continúan sin atender los requerimien
La Cámara de Despachantes de Aduana y la Cámara de Transporte manifestaron su profunda preocupación a nivel nacional ante la crisis que atraviesan los sectores del comercio exterior debido a los cobros exorbitantes por sobreestadías de contenedores, los cuales ya superan los Bs30 millones.
"Las autoridades están sacando una resolución que prácticamente es un recordatorio de este decreto supremo, lo cual nos parece que demuestra que aún no comprenden que tienen que poner orden en esta situación", sostuvo Alvaro Ayllón presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz.
A pesar de las gestiones y notas respaldatorias enviadas por los sectores afectados, la problemática sigue sin resolverse. Hasta la fecha, únicamente la empresa naviera MSC habría otorgado una condonación parcial. En contraste, las otras siete navieras que operan en el país no se han pronunciado a favor del comercio boliviano y continúan sin atender los requerimientos.
Los representantes denunciaron que las navieras están ignorando la legislación vigente en el país, específicamente los Decretos Supremos 29819 y 26910, los cuales establecen con claridad los plazos que estas empresas deben otorgar en beneficio del comercio exterior boliviano.
Se estima que las navieras reclaman pagos que ascienden a cerca de 30 millones de bolivianos, restando lo ya condonado por MSC. Cientos de camiones se encuentran varados en puerto sin poder devolver los contenedores vacíos. Las navieras mantienen "secuestrada" la mercadería en los puertos, condicionando su retiro al pago obligatorio de las multas impuestas.
Los sectores afectados enfatizaron que el bloqueo que originó estos retrasos no fue generado por las empresas privadas, sino por la falta de acción oportuna del Gobierno para liberar las carreteras en su momento. Por tanto, exigen que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ordene una solución inmediata, advirtiendo que muchas empresas locales están en riesgo inminente de quiebra al no poder solventar estos montos de dinero tan elevados.
