Constructores exigen la abrogación total DS 5676 que incrementa precios de diésel para evitar el colapso de obras públicas

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Pascual Velásquez, informó hoy que el sector de la construcción se encuentra en un punto crítico debido al reciente incremento de precios del diésel implementado por el Gobierno, una medida calificada como drástica al representar un aumento de casi el 100% de insumos para la construcción.

Señaló que esta situación ha generado un severo desequilibrio económico que amenaza con paralizar proyectos de infraestructura carretera a nivel nacional, afectando a profesionales que se desempeñan como directores, residentes y supervisores en diversas obras públicas.

"Con este precio, vamos a pedir lo que viene a ser su abrogación. La variación es mucha; si bien la primera medida que el Gobierno sacó fue aceptada por el pueblo boliviano porque el país lo necesitaba, en este caso es una medida que sube el 100% el precio anterior, muy drástica y que no se consensuó con varios sectores. Pedimos que se generen mecanismos de compensación inmediata; caso contrario, lo que correspondería sería la derogación", declaró enfáticamente Velásquez a los medios de comunicación.

La preocupación de los profesionales radica en el impacto que esta norma está generando en los costos operativos de la industria. El alza en los insumos nacionales e importados ha provocado que las condiciones económicas pactadas en los contratos iniciales ya no sean sostenibles, derivando en la suspensión, paralización e incluso en intenciones de rescisión de múltiples proyectos estatales.

Frente a este escenario de incertidumbre, los representantes del gremio anunciaron que sostendrán reuniones clave con la Cámara de la Construcción para unificar posturas y evaluar las acciones a seguir. La prioridad inmediata es acordar un mecanismo gubernamental que compense las variaciones de costos y evite la quiebra de las empresas o el abandono de los frentes de trabajo.

Finalmente, el sector dejó en claro que no aceptará medidas impuestas de forma unilateral que pongan en riesgo la continuidad de las obras públicas y la estabilidad laboral de sus trabajadores. De no lograrse un consenso o la implementación urgente de soluciones de compensación económica, intensificarán los reclamos para exigir la anulación definitiva de las disposiciones que afectan al rubro.