Sectores sociales piden intervención de la Contraloría en caso de la compra de automóvil de gama alta por parte del ministro de Economía

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, señaló este viernes que es importante que la Contraloría General del Estado intervenga para realizar un seguimiento riguroso y transparente en el caso de la compra del vehículo Audi Q4 de gama alta por parte del ministro de economía Gabriel Espinoza. En ese marco, recordó que el ejercicio de la función pública exige estricto apego a la normativa legal vigente para evitar inconsistencias patrimoniales.

"Los funcionarios públicos hacen su declaración jurada de bienes, declaran cuánto tienen y si hubiera alguna irregularidad, la Contraloría, me imagino que debe intervenir, no creo que no intervenga. Si no hace seguimiento sería complicado; cuando uno es funcionario público hay normas, la Ley SAFCO y todas esas cosas, que tiene que tener un poco más de cuidado un funcionario público, peor todavía cuando se tiene un cargo jerárquico", manifestó Paye a los medios de comunicación.

En ese contexto, se remarcó la necesidad de que existan instancias de control eficaces e independientes que determinen el grado de responsabilidad o posible falta cometida por los involucrados. Asimismo, se destacó la relevancia de la labor del periodismo de investigación, cuyos reportes documentados han puesto en evidencia desajustes significativos en las declaraciones presentadas.

El sector remarcó que este caso debe servir como un mensaje y advertencia clara para todo el aparato estatal, enfatizando que quien asume un cargo público, especialmente de jerarquía, está sujeto a un permanente escrutinio ético y legal sobre el origen y evolución de sus bienes.

Finalmente, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes a actuar con celeridad para esclarecer estos hechos y garantizar que las declaraciones juradas cumplan su función de transparencia, evitando que variaciones injustificadas en el patrimonio queden impunes ante la fiscalización ciudadana e institucional.