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Exportadores reportan grandes pérdidas por madera boliviana quemada en Chile y piden resarcimiento de más $us 300 millones

CCB / Martes 13 de Octubre de 2026
Gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodriguez.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodriguez, expresó su profunda preocupación ante las cuantiosas pérdidas económicas y el impacto reputacional generado por las recientes quemas de las maderas bolivianas por parte de la fiscalía regional de Arica, señalando que esta situación vulnera la estabilidad de la cadena productiva y genera un clima adverso para el desarrollo de las inversiones y el empleo en el país.

“Es una situación bastante incómoda para un presidente venir a Bolivia para hablar de amistad, de hermandad, de mirar el futuro cuando en el presente nos están quemando nuestros sueños, nos están quemando nuestras empresas, nos están quemando a las familias, nos están quemando Bolivia”, sostuvo Rodriguez al referirse a la visita del presidente Kast a Bolivia, considerando la quema injustificada de la madera boliviana supuestamente impregnada con droga.

Los representantes del sector detallaron que las pérdidas consumadas ascienden inicialmente a 15 millones de dólares en exportaciones frustradas debido al temor y la desconfianza de compradores internacionales, y otros $us 15 millones solo por la madera incinerada. Asimismo, advirtieron que la cifra podría escalar considerablemente si no se aclaran las actuaciones de la fiscalía chilena y no se brindan las satisfacciones necesarias en cuanto a la inexistencia de droga en las maderas bolivianas.

Por su parte, el equipo legal defensor en Arica ha pedido un resarcimiento económico al país chileno, de 300 millones de dólares, considerando el lucro cesante, el grave daño reputacional y los altos costos que implicará volver a poner en marcha una cadena de valor forestal de gran magnitud y complejidad logística.

Finalmente, el sector hizo un llamado urgente para asegurar el resarcimiento económico y garantizar la certidumbre jurídica que permita salvaguardar las fuentes de empleo y la estabilidad económica que sostienen a las familias vinculadas a la actividad forestal en todo el territorio nacional.

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