Federación de mineros exige investigación rigurosa y justicia para las familias de las víctimas de explosión en Viacha

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, manifestó su profunda condolencia y respaldo a las familias afectadas por los recientes y trágicos acontecimientos que dejaron personas fallecidas, heridos y considerables pérdidas patrimoniales. Ante esta situación, el sector minero demandó formalmente a las autoridades e instancias correspondientes el esclarecimiento inmediato de los hechos para sancionar a los responsables.

"Desafortunadamente ha ocurrido, toda nuestra condolencia, nuestro apoyo con las familias de quienes han perdido vida y hoy se sienten también heridos y también han perdido algún otro patrimonio. Nuestra solidaridad como Federación de Mineros y pedir desde acá a las instancias correspondientes que investiguen, vayan con la verdadera causa y que se haga justicia, porque no se puede traficar, no se puede manejar irresponsablemente la vida, la dignidad", sostuvo Paye a los medios de difusión.

Los representantes de los trabajadores recordaron que este tipo de sucesos no son aislados, haciendo referencia a lamentables antecedentes ocurridos tanto en incidentes aéreos como en la localidad de Llallagua. Frente a este panorama, recalcaron que la dignidad y la vida de la ciudadanía deben prevalecer por encima de cualquier manejo negligente.

En ese marco, la organización sindical hizo un llamado vehemente para que el proceso de investigación sea asumido de manera transparente y conducido por la vía legal competente. Señalaron que es imprescindible que los peritajes e informes oficiales determinen con absoluta precisión las verdaderas causas del hecho y no queden en la impunidad.

Finalmente, la dirigencia exhortó al Estado y a los órganos de justicia a actuar con total responsabilidad y firmeza. Exigieron que, una vez identificados los autores e involucrados en este trágico suceso, se apliquen las máximas sanciones que establece la ley, garantizando así un precedente de justicia para las familias dolientes.