Mineros exigen soberanía e investigación a fondo de casos de narcotráfico tras publicación de lista de restricciones de EEUU

El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, ante la difusión parcial de listas de personas impedidas de pisar suelo americano, por presuntamente estar implicados en delitos de narcotráfico, cuestionó la falta de acción en las investigaciones por parte de la justicia boliviana, y la falta de soberanía por depender de listas de países extranjeros para identificar delitos por parte de autoridades y exautoridades de Estado.  

"No podemos estar esperando que un país externo esté diciendo quiénes son culpables, quiénes están implicados en temas de irregularidades; dónde están las autoridades nacionales, dónde están las instancias nacionales que deberían ser ellos los que tendrían que procesar antes de que venga el vecino", sostuvo Paye a la Agencia de Noticias CCB. 

El sector cuestionó que, más allá de la atención mediática centrada en medidas como la anulación de visas por parte de gobiernos extranjeros, queden sin resolver y esclarecer múltiples casos denunciados públicamente, como el misterio en torno a las 32 maletas, cuyos orígenes y responsables directos aún no han sido determinados con claridad por la justicia local.  

Asimismo, respecto a los legisladores y autoridades involucradas en dichas listas, se señaló que, si bien asiste el derecho constitucional a la presunción de inocencia y a la defensa legal, por principios éticos e institucionales aquellos que resulten culpables deben dar un paso al costado para no dañar la gobernabilidad y la confianza del pueblo.  

Los representantes mineros recalcaron que las investigaciones deben abarcar de manera integral todos los hechos de corrupción que afectan a la sociedad boliviana, incluyendo el contrabando de minerales, el narcotráfico y otras actividades ilícitas como el caso del asesor de confianza de Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, que socavan gravemente el orden democrático y económico del país.  

Finalmente, la organización advirtió que la inacción de las instituciones nacionales debilita la soberanía del Estado plurinacional, por lo que instaron al sistema judicial y al Ejecutivo a actuar con firmeza, demostrar resultados concretos y responder con autonomía ante las demandas de justicia de la población.