Asociaciones de Periodistas denuncian graves restricciones del Ministerio de Minería para la cobertura de la Cumbre Nacional de Minería
A través de un comunicado conjunto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) expresaron su enérgico rechazo ante las restricciones y obstáculos impuestos por el Ministerio de Minería y Metalurgia para la cobertura periodística de la Cumbre Nacional de Minería 2026, evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de julio en la sede de gobierno.
Las organizaciones gremiales denunciaron públicamente que el ministerio inhabilitó el formulario de registro y acreditación antes del vencimiento del plazo original. Asimismo, alertaron que se ha rechazado de forma arbitraria a varios periodistas bajo el argumento de no pertenecer a un medio "especializado en minería", un criterio que califican como discrecional y obstructivo para el ejercicio informativo de un tema de interés nacional.
A las trabas en la acreditación se suma la disposición oficial de que los periodistas autorizados solo podrán cubrir los actos de inauguración y clausura, quedando completamente excluidos de las deliberaciones y actividades centrales de la cumbre.
"No se puede debatir de espaldas al país", señala el pronunciamiento, advirtiendo que en este encuentro se definirán lineamientos clave para la futura Ley de Minería y Metalurgia, cuyas resoluciones tendrán un impacto directo en el desarrollo económico, las comunidades, los recursos naturales y el medio ambiente de Bolivia.
La APLP y el CMPLP recordaron a las autoridades que la información sobre asuntos de interés público no es propiedad del Estado ni puede ser administrada discrecionalmente para seleccionar quién puede informar y quién no. En este sentido, enfatizaron que la censura previa está explícitamente prohibida y que el derecho a la información se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado.
Finalmente, ambas instituciones exigieron formalmente al Ministerio de Minería y Metalurgia que deponga las políticas restrictivas, facilite el trabajo de la prensa y garantice el acceso oportuno e irrestricto a la información en beneficio de toda la sociedad boliviana.
