Asambleísta espera informe técnico del Ministerio de Economía para avanzar en la legalización de “autos chutos”
El senador Reinaldo Seas de Alianza Libre, informó este jueves que se está a la espera de un informe técnico y económico clave del Ministerio de Economía, para avanzar en la legalización de los autos denominados “chutos”, asegurando que el proyecto de ley ya cuenta con avances previos junto a entidades como la Aduana e Impuestos Nacionales.
“El Ministerio de Economía nos pueda arribar con un informe de viabilidad que tiene que ver con un análisis que han hecho ellos con aduana e impuestos nacionales para el tema de llevar adelante este proceso de legalización y regularización”, sostuvo Seas a los medios de comunicación.
El senador señaló que las mesas técnicas sostenidas con el Ministerio de Economía evidenciaron observaciones sobre la viabilidad financiera del proceso, pese a que los promotores sostienen que la medida permitiría captar ingresos para el Estado.
En paralelo, el proyecto ha incorporado planteamientos durante su fase de socialización, entre ellos la restricción de que los motorizados regularizados no cambien de municipio, bajo el argumento de que la preocupación por la sobresaturación vehicular se concentra en las ciudades capitales y no en las provincias o áreas rurales, donde existe carencia de transporte.
El senador argumentó que miles de familias y trabajadores utilizan estos vehículos como herramienta laboral y que su formalización puede generar recursos para regiones y municipios, mientras que sectores como la Cámara Automotor Boliviana, gremios del transporte y autoridades advierten sobre el impacto en la competencia formal, el contrabando, la seguridad jurídica y la presión sobre la subvención y el abastecimiento de combustibles.
Con el trabajo previo realizado en las instancias técnicas ya encaminado, la definición inmediata pasa por la entrega del informe urgente de viabilidad por parte del Ministerio de Economía. Mientras tanto, la discusión continúa abierta entre la expectativa de generar ingresos y atender necesidades de transporte en zonas rurales, frente a las advertencias sobre el impacto económico, normativo y de abastecimiento que implicaría una nueva medida de regularización.
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