El transporte sindicalizado de Bolivia rechaza la regularización de "autos chutos"

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia formalizó este viernes su rechazo rotundo a cualquier intento de regularizar los vehículos indocumentados, conocidos popularmente como "autos chutos". El sector advirtió, mediante su ejecutivo Lucio Gómez, que la introducción de estos motorizados satura el mercado, afectaría la economía de los operadores legalmente establecidos y generaría serios problemas operativos en las principales ciudades del país.

"Rechazo contundente a la regularización de estas movilidades indocumentadas que han entrado violando la ley 133 del 2011, la última nacionalización, donde específicamente claro no se permitirá ningún otro movilidad indocumentado, ya sea de los de cualquier país de nuestros vecinos, serán penalizados y serán sancionados todas aquellas personas que trabajan con este tipo que es un ilícito de contrabando, pero lamentablemente han violado", manifestó Gómez.

El gremio de los choferes recordó que la normativa vigente es sumamente estricta y ya prohíbe explícitamente este tipo de procesos para vehículos con más de tres años de antigüedad. En ese sentido, cuestionaron los privilegios que se pretenden otorgar al contrabando, mientras que a los transportistas públicos, privados y cooperativistas se les imponen restricciones técnicas rigurosas para la importación legal de herramientas de trabajo nuevas.

Además del factor legal, los transportistas señalaron que el ingreso masivo de estos coches provocará un colapso insostenible en el suministro de combustible. Según argumentan, la infraestructura actual y los cupos de carburantes apenas logran cubrir la demanda del parque automotor regulado, por lo que añadir miles de unidades informales agravará las dificultades de abastecimiento que ya sufre el país.

Finalmente, la dirigencia alertó sobre la saturación de las vías públicas en las capitales departamentales, donde los choferes del servicio público ya disputan espacios reducidos debido a la falta de planificación urbana. Ante este panorama, exhortaron a los legisladores a priorizar la situación real de las calles y avenidas del país antes de promover leyes que incentiven el comercio ilícito en perjuicio de los ciudadanos bolivianos.