La Defensoría del Pueblo se sumó este lunes a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer que se recuerda cada 8 de marzo, fecha que busca reivindicar y exigir a los Estados el ejercicio pleno de todos sus derechos, en particular de aquel relacionado con el derecho a una vida libre de violencia en razón de género.

“El 8 de marzo encuentra al estado boliviano con muy poca efectividad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, solamente entre 2019 y 2020 hubo un incremento del 2.5% de casos de denuncia sobre violencia, todavía hace falta acciones, planes, proyectos, políticas públicas y normas acompañadas de presupuesto suficientes para hacer esta lucha efectiva”, sostuvo Cruz en conferencia de prensa.

La defensora señaló que no obstante que durante la gestión 2020, en comparación con la gestión 2019, la cantidad de feminicidios disminuyó levemente en un 3.4% (de 117 en 2019 a 113 en 2020); la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por COVID-19 no ha desistido, lo que se refleja en los casos registrados por el Ministerio Público en relación a la Ley N° 348 que aumentaron en un 2,5% (de 37.240 en 2019 a 38.212 en 2020).

Estos datos concuerdan con los reportes de organismos internacionales en materia de derechos humanos y del Informe Defensorial “El deber de protección a las Mujeres a través del funcionamiento de la FELCV durante la pandemia de la COVID-19”, que advierten que el confinamiento obligaba a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores y que el encierro generó que se incremente el riesgo de violencia contra ellas.

La pandemia de la COVID-19 develó la aún existente inequidad de la distribución de los deberes del hogar –economía del cuidado– entre hombres y mujeres y que fueron insuficientes las políticas que implementó el Estado boliviano, para prevenir y atender los casos de violencia contra las mujeres en razón de género.

A la ausencia de políticas públicas efectivas, se suma las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encontraban determinadas poblaciones, entre ellas, las trabajadoras sexuales, que vieron restringido –en mayor grado– su derecho al trabajo, producto de las medidas de prevención no farmacológicas –distanciamiento físico y cuarentenas– que determinó el Estado boliviano.

La Defensoría del Pueblo también alerta sobre la austeridad presupuestaria que aplican los diferentes gobiernos autónomos sin una previa perspectiva de género ni de derechos humanos, que repercute en el debilitamiento e incertidumbre presupuestaria en los centros de acogida y refugios temporales y en los diferentes servicios que atienden a víctimas de violencia, siendo el claro ejemplo de la falta de estrategias y políticas del Estado, para contribuir y hacer frente a la violencia contra las mujeres.

La Institución Defensorial reconoce el trabajo y la lucha de las mujeres que en las elecciones subnacionales del 7 de marzo fueron elegidas como autoridades municipales, regionales o departamentales; asimismo, exhorta a todos quienes asumirán estos cargos a contemplar en su gestión la aprobación de políticas con enfoque de género y que prioricen acciones para incidir en la lucha contra la violencia.

Reitera su compromiso para seguir trabajando en la promoción, protección y ejercicio pleno de todos los derechos que tienen las mujeres en el Estado boliviano, en ese marco, anuncia, en los siguientes días, la presentación del Informe Defensorial “Sin nosotras, no hay Democracia. Cumplimiento de la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres”, como un aporte a la construcción y consolidación de una democracia participativa, representativa y equitativa.