La Defensoría del Pueblo alertó del despido de más de medio centenar de profesionales de régimen penitenciario y calificó de desacertada esta medida asumida por el Ministerio de Gobierno, porque entre ellos existe personal del área salud, lo cual va en desmedro, particularmente, de la salud, integridad y vida de las personas privadas de salud, sin considerar la situación crítica que se atraviesa por la pandemia.  

Estos despidos, observó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también retrasan los trámites iniciados por los equipos interdisciplinarios para cumplir con las disposiciones del Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto 4226, ya que las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario son las encargadas remitir a la autoridad jurisdiccional la carpeta de solicitud de concesión adjuntando la Resolución Administrativa que recomienda la otorgación del beneficios. 

Según se conoció, el Ministerio de Gobierno prescindió de los servicios de al menos 51 personas, 8 en la Dirección General de Régimen Penitenciario, (2 profesionales del área de salud, 3 del área administrativa y 3 del área de cómputo); en la oficina de La Paz se retiró a 20 servidores públicos (2 del área economato, 3 psicólogos, 2 médicos, 1 enfermera, 3 educadoras, 2 odontólogos, 2 trabajadores sociales, 2 abogados y 3 administrativos);  en Potosí a 11 funcionarios, incluyendo personal de Tupiza y Uyuni; en Tarija 7 y en Beni, 5 servidores públicos.

“Llama la atención el caso del encargado de coordinar la región del Gran Chaco, quien además de ser persona con discapacidad, era el único responsable de las carceletas de “El Palmar” y Villamontes; asimismo, el caso del médico del penal de Mocoví en el Beni, quien además de atender casos de coronavirus dio positivo a esta enfermedad”, manifestó la Defensora.

Cruz dijo que esta medida es preocupante, más si se considera la alarmante situación que atraviesa la población penitenciaria a nivel nacional por la propagación paulatina del coronavirus al interior de los penales, lo cual se refleja con los 46 casos positivos confirmados y 15 decesos en el penal de Palmasola en Santa Cruz; 39  en Mocovi; un interno fallecido.

“Recientemente, en la cárcel de San Roque en Sucre, se produjo un motín carcelario reclamando atención en salud y asesoría legal, ya que el personal de este recinto fue puesto en aislamiento tras producirse el deceso de una persona privada de libertad con síntomas de coronavirus y la confirmación de los casos positivos de un privado de libertad que se encontraba internado en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés de esa ciudad y de los policías que se encargaban de su custodia”, indicó.

También preocupa, dijo, la situación del personal de seguridad policial de los recintos carcelarios, como el de la carceleta de Bahía en Puerto Suárez donde se presentó un caso, el fallecimiento de otro uniformado con síntomas del virus en Palmasola; el de otro efectivo que dio positivo en Morros Blancos en Tarija o el caso de un sargento que custodiaba la recinto de El Palmar en Yacuiba.

Ante este panorama, la Defensora informó que, de manera formal, pidió al Ministerio de Gobierno a restituir de manera inmediata a los profesionales desvinculados, a fin de garantizar la atención en salud y evitar mayor retraso en los trámites de indulto y amnistía. Además, solicitó acciones urgentes de contención y detección de casos de coronavirus y reiteró el pedido de una declaratoria de emergencia penitenciaria con el objetivo de que se asigne mayor presupuesto para el fortalecimiento de la atención en salud en los establecimientos carcelarios.

También solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, fiscalizar las medidas asumidas por el Gobierno sobre al retiro de servidores públicos de régimen penitenciario, y el inicio de una investigación sobre las acciones asumidas por el Ministerio de Gobierno respecto a la propagación del coronavirus y la prevención y atención de esta enfermedad en los recintos penitenciarios.