La Defensoría del Pueblo rechazó y expresó su preocupación por los anuncios públicos de grupos particulares o civiles como los de la denominada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que bajo el argumento de “proteger” a la ciudad de Cochabamba, intentar ejercer acciones de seguridad, control o negociación que son exclusivas del Estado.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante esta situación, demandó al Gobierno central que, a través de los ministerios de la Presidencia y Gobierno en cumplimiento de sus funciones señaladas en la Ley del Órgano Ejecutivo, convoque a un diálogo dejando de lado la estigmatización y el uso de información “parcial” respecto al contexto del conflicto.

Cruz, asimismo, les recordó a los grupos movilizados en K’ara K’ara, que si bien el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente, esta protección no alcanza los actos de violencia o  medidas que en este momento de emergencia sanitaria ponen en riesgo la salud de la población por el bloqueo al tratamiento de la basura. “Les exhortamos a ingresar a un proceso de diálogo franco y consciente del momento que atraviesa nuestro país”, manifestó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe preliminar sobre los hechos ocurridos tras elecciones en octubre de 2019, llamó al Estado boliviano a generar medidas que permitan el cese de los actos violentos generados por particulares, identificando que los mismos fueron permitidos por agentes estatales (Policía Boliviana). Este organismo, identificó y resaltó, en especial, la existencia de la Resistencia Juvenil Cochala como un grupo “…armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas”, recomendando de forma expresa, que el Estado desarticule a todo tipo de agrupación particular o civil que tenga la intención de generar violencia dentro del territorio nacional.

La Defensora, también, exhortó a las autoridades estatales a ser respetuosos de las vidas cegadas en noviembre de 2019 en las denominadas masacres de Sacaba, en Cochabamba y Senkata  en El Alto, tomar en cuenta que ocurrieron en contexto de intervenciones policiales y militares, cuyo juzgamiento sigue siendo una deuda pendiente del Estado boliviano y que ya ha sido exigida tanto por la CIDH,  organizaciones internacionales de derechos humanos, así como por la Defensoría del Pueblo, y no incurrir en comparaciones o relacionamientos con el actual conflicto en K’ara K’ara.