La Defensoría del Pueblo, en un seguimiento al trabajo que realizan 56 Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en distintos municipios del país, durante el periodo de cuarentena por el COVID-19, identificó deficiencias en la atención de casos de violencia y sin desplegar todo su potencial en acciones oportunas para proteger a esta población.

Ante estas deficiencias, la Defensora del Pueblo, pidió nuevamente al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, que convoque, coordine y articule con las instituciones parte del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niñas, niños y adolescentes (NNA), para discutir, analizar y ejecutar acciones para la prevención y promoción, atención, protección y restitución integral de los derechos de esta población, frente al incremento de denuncias sobre violencia familiar, durante la emergencia sanitaria, que en su mayoría involucra a menores de edad y mujeres.

De acuerdo a la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo, sólo el 9% de las DNA en 56 gobiernos autónomos municipales del país habilitaron líneas gratuitas de recepción de denuncias, y si bien el 98% de ellas cuentan con líneas de Whatsapp, en su mayoría corresponden a celulares personales de los servidores públicos.

También se conoció que sólo el 7% de estas Defensorías habilitaron sus páginas web y redes sociales, y que sólo el 11% desarrollan brigadas móviles. Además, el 40,5% de los gobiernos municipales consultados no desarrolla ninguna campaña de información y prevención.

Otro aspecto que preocupa del trabajo actual de las DNA, indicó la Defensora, es el hecho de que en la mayoría de ellas, con excepción de tres, el personal fue designado a funciones ajenas a la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, y destinados a tareas de desinfección de calles, mercados y otros, desarrollo de campañas de control de precios, verificaciones y apoyo para la atención en centros de personas adultas mayores, asistencia con refrigerio a usuarios en entidades financieras, atención psicológica a la población que lo requiera y apoyo en coordinación con bancos móviles.

También observó que en el 18% de estas instancias municipales no se brinda material de bioseguridad y en el 16% se provee este material pero limitado, razón por la cual los servidores públicos deben adquirirlo con sus propios fondos.

En vista de esta situación, la Defensora reiteró al Ministerio de Justicia la urgencia de impulsar una serie de acciones para proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Además, solicitó promover la formulación de una norma nacional que declare como esenciales los servicios de prevención, atención, protección y restitución de los derechos de las NNA; realizar el seguimiento y control al complimiento de las acciones de prevención, y fortalecer las medidas de prevención que aseguren la posibilidad de denuncias y acceder a medidas oportunas y efectivas ante la vulneración de derechos.

Desde el inicio de la cuarentena y hasta el 20 de abril, el Ministerio Público registró 867 casos de violencia familiar, en los cuales preponderantemente se tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes y mujeres; por su parte, la FELCV, entre el 17 de marzo al 8 de mayo pasado, registró 2.396 casos de violencia, de los cuales 72 corresponden a violación a niñas, niños y adolescentes, 48 a denuncias por estupro, dos a infanticidio y uno a tentativa de infanticidio, entre otros.