Tras ser notificada con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares para la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz y el Delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, para garantizar su protección de las agresiones y acoso que la institución enfrenta desde hace más de un mes, la Defensoría del Pueblo pidió al Estado boliviano cumplir a la brevedad posible con lo solicitado por la entidad interamericana.

“Como Defensoría del Pueblo pedimos al Estado boliviano cumplir a la brevedad posible de forma inmediata con lo solicitado por la entidad interamericana, considerando además que la resolución de  es del 25 de diciembre y ha otorgado al Estado 15 días para que pueda informar sobre los avances que se puedan llegar”, sostuvo Cruz ante los medios de difusión.

La entidad interamericana al evidenciar la falta de medidas dirigidas a proteger y los inexistentes esquemas de seguridad para ambas autoridades que se encuentran más expuestas en grave riesgo de daño irreparable, mediante su Resolución 67/2019, solicita al Estado boliviano adoptar medidas para proteger el derecho a la vida e integridad de ambas personas, además de garantizar que desempeñen sus actividades “sin que sean objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.

La Defensoría del Pueblo solicitó que a la brevedad posible se pueda señalar día y hora de reunión con las máximas autoridades del Órgano Ejecutivo para el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH.

La Comisión Interamericana desde el inicio del hostigamiento en contra de la institución defensorial, realiza seguimiento a esta situación y cuenta con información sobre los constantes ataques que grupos organizados ejercen contra esta entidad a través de cercos y tomas de sus oficinas en La Paz y Cochabamba, incluso con actos violentos contra su personal.

En su Resolución, la CIDH expresa preocupación porque durante las manifestaciones en contra la entidad defensorial se habrían recurrido a “reacciones verbales con tono agresivo”, con gritos considerados “infamantes a funcionarios de la institución”, buscando generar afinidad política-partidaria de la Defensoría del Pueblo; situación que llegó, incluso, al extremo de existir terceras personas armadas en alrededores de la oficina de Cochabamba, como se comprobó.

La entidad interamericana también advierte que las medidas de seguridad adoptadas por el Estado boliviano no han permitido que los eventos de riesgo cesen, y observa que la situación que afecta a la institución defensorial ha estado acompañada de una campaña de desprestigio por parte de diversos medios de comunicación, sin la existencia de medidas idóneas del Estado boliviano para atenderlas.

La CIDH, asimismo, tiene conocimiento que la institución defensorial desde hace más de un mes se encuentra afectada en el desarrollo de sus actividades debido al cerco y toma de sus oficinas, situación a la que se suma que no se ha recibido las garantías correspondientes por parte del Estado boliviano, incluso de la existencia de una denuncia sobre la participación de personal policial en este hecho que genera evidente situación de vulnerabilidad.

A esto se suma la reciente persecución penal “ilegal” que impulsa la Fiscalía General del Estado con la apertura de dos investigaciones por incumplimiento de deberes contra el Delegado Defensorial de Cochabamba, lo cual también será informado a la Comisión. De igual manera se hará conocer que no existe ningún avance a las dos denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo ante el Ministerio Público en noviembre pasado sin que hasta la fecha no se haya iniciado ninguna investigación al respecto. A diferencia de los casos que si proceden en contra de la institución defensorial, en los que se observa que la Fiscalía actúa diligentemente.