La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón Merubia, informó este miércoles que en base a una investigación documental realizada por el personal administrativo y jurídico del Viceministerio de Comunicación, entre el periodo de noviembre de 2019 y octubre de 2020 se constató procedimientos fuera de la norma, que causó una pérdida para el Estado de Bs 8.965.988.

La autoridad señaló que la toma violenta de medios estatales, la suspensión arbitraria de emisiones, causó un daño económico al Estado y afectación de transmisión en perjuicio de la población, además que se vulneraron las normas legales y el derecho a la información de la población boliviana.

Detalló que el cierre violento de las instalaciones de BoliviaTV del 9 al 13 de noviembre de 2019, duró un total de 92 horas con 16 minutos (3 días, 20 horas y 16 minutos), significando una pérdida económica concerniente a gastos operativos de emisión e incumplimiento de contratos comerciales.

En el caso de Bolivia TV también se Afectó a la cobertura de la señal, casi al 50% por la paralización de 135 repetidoras.

El 2019 la radio Patria Nueva tenía una cobertura de un 80% al 2020 solo un alcance de 15% de cobertura, un daño económico de Bs. 962.500 cerca de 1 millón de bolivianos.

La Radio de nuestros Pueblos Originarios de igual manera se vieron afectadas el 2019, teníamos 89 radios en distintos puntos para el año 2020, fueron 71 radios acalladas, cerca al 80%, más de 3 millones de personas se quedaron sin ese medio de comunicación en el periodo de pandemia.

Señaló además que durante ese período Diego Ayo Saucedo, Pablo Llano, Edwar Ayma y Humberto Vacaflor fueron contratados por el régimen de facto incurriendo en una serie de irregularidades. El daño económico por manejo ilegal de contratación de personal asciende a Bs 1.087.620.

Alcón indicó que los tipos de delitos identificados en nuestro Código Penal y CPE son: Contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos; Conducta antieconómica; Atentados contra la Seguridad de Servicios Públicos; Incumplimiento de Deberes; Deberes de ciudadanos; y Omisión de denuncia.

En los últimos 40 años, no se habían visto actos tan violentos como la toma de medios del Estado o su corte de transmisión, tampoco el abuso físico y verbal contra trabajadores de la prensa, como fue constatado por el Informe del GIEI.