El juez James Cohn, del estado de Florida en Estados Unidos, determinó denegar una moción presentada por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en el marco del proceso en que se los responsabiliza por las muertes de Octubre de 2003, informó el Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) que impulsa el juicio, por lo que deben pagar una indemnización a las víctimas de $us 10 millones.

“El juez ratificó la decisión del jurado, en 2018 ganamos en juicio y los abogados de Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) mandaron algo que se llama petición de reglas, pidiendo que el juez cambie el veredicto, él cambió el veredicto, nosotros apelamos y la corte de apelación dijo que había errores del análisis del juez y el juez ayer en la tarde decidió que había errores e iba a ratificar esta decisión. Entonces esto significa, en lo más simple, que Goni y Sánchez Berzaín son responsables por ejecuciones extrajudiciales”, dijo Thomas Becker abogado de las víctimas de octubre negro.

Como antecedentes en este caso se tiene que en 2018 un jurado determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Luego, ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero posteriormente en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión del juez y le ordenó que se readecúe el proceso.

Ya en noviembre de 2020, el expresidente Sánchez de Lozada y su exministro intentaron nuevamente dejar sin efecto el proceso, presentando la moción para que el juez Cohn decida rechazar los reclamos de los demandantes o, alternativamente, se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido este 5 de abril de 2021.

Con esa determinación, sigue en pie el veredicto del jurado del caso que en 2018 declaró a ambos responsables por las muertes extrajudiciales registradas en los conflictos de 2003, ordenándoles pagar $us 10 millones a los demandantes.

Por su parte el Ministro de Justicia Iván Lima señaló que la determinación de la justicia estadounidense es un gran precedente para futuros juicios por ejecuciones extrajudiciales en ese país, además que el fallo es un acto de justicia y que demuestra que ese tipo de crímenes, como el ocurrido en octubre negro en Bolivia el año 2003 y los ocurridos en Senkata y Sacaba el año 2019 nunca podrán quedar impunes.

El bufete Williams & Connolly, que defiende a las dos exautoridades bolivianas, y que además es el bufete de abogado de Obama y Donald Trump, consideró que este último fallo “no es la decisión final” y que apelará.