El secretario de Organizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltazar, señaló que el máximo ente matriz de los trabajadores del país rechaza contundentemente la nueva injerencia de la Organización de Estados Americanos OEA, que recientemente publicó un comunicado donde pide que se activen comisiones que investiguen actos de corrupción y se lleve a la CPI casos de lesa humanidad cometidos en Bolivia durante el Gobierno de Evo Morales y el régimen de Jeanine Añez.

“La OEA es vocero del imperio, como vocero siempre está en contra del pueblo boliviano, de las mayorías, está siempre en favor de la dictadura (…) que se aclarezca y que los responsables tengan que cumplir con la justicia boliviana porque esas muertes no fueron accidentales, fueron con balas”, sostuvo Baltazar a la Agencia de Noticias CCB.

El dirigente de los trabajadores saludó la decisión del Gobierno nacional de llevar a juicio internacional al secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, puesto que ese ente que propició la convulsión en el país tras presentar un informe amañado y direccionado que sirvió de punta de lanza para que la ultra derecha boliviana perpetre el golpe de Estado del 2019, sopretexto de un supuesto fraude electoral.

En ese sentido señaló que los trabajadores no permitirán que nuevamente la derecha boliviana se rearticule y trate de desestabilizar el país como lo hicieron el 2019 durante el golpe de Estado y aseguró que los trabajadores se encuentran en alerta máxima ante las nuevas amenazas que vertió el excívico y ahora gobernador electo Fernando Camacho.

Durante esta jornada la OEA mediante un comunicado aseveró que de oficio llevó acciones para que se entregue documentación a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que la misma tome conocimiento de casos de delitos de lesa humanidad en Bolivia durante las gestiones del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto de Jeanine Añez.

“Ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”, dice parte del comunicado de la OEA.