Bolivia y la delegación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este lunes, firmaron un acuerdo de protocolo para iniciar las investigaciones de los hechos de violencia que se generaron desde septiembre a diciembre de 2019.

“Resaltamos la palabra independencia del grupo, creemos que esa característica es la que va a marcar la credibilidad de su informe (…). Hay heridas que necesitamos establecer a partir de conocer la verdad. El derecho de las víctimas de conocer la verdad es fundamental para tener una democracia de calidad, y de nuestra parte van a tener toda la disposición y todos los recursos del Estado para que su trabajo sea realizado en las mejores condiciones”, expresó Iván Lima, ministro de Justicia.

Lima aseguró que el Gobierno no intervendrá en la realización del informe y garantizó toda la predisposición del Estado boliviano para que los expertos del GIEI realicen su trabajo en las mejores condiciones.

La comisión permanecerá en el país 6 meses, está conformada por  6 expertos quienes investigarán los hechos suscitados en Bolivia desde el 1 septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019.

Se recabará información de las víctimas, funcionarios, testigos y otros actores que participaron en los diversos conflictos políticos y sociales que derribó en dos masacres, de Senkata y Sacaba, violación de derechos humanos, y otros escenarios antes y después de la renuncia del exmandatario Evo Morales.

El Grupo Interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, el señor Jaime Vidal fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.

“El grupo interdisciplinario de expertos y expertas internacionales llega a este país para coadyuvar en las investigaciones que llevan adelante las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre de 2019”, expresó Patricia Tappatá.

El GIEI - Bolivia considerará las siguientes atribuciones:

 - Elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el período indicado.

- Realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas.

- Efectuar recomendaciones pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables.

- Proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones.

- Realizar un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

La CIDH en un informe preliminar emitido en diciembre del año pasado ,tras las versiones e informaciones recabadas por todos los actores que formaron parte de los conflictos sociales durante octubre y noviembre, consideró  que se vulneraron los derechos humanos, asimismo, se denominó lo sucedido en Sacaba, Senkata y la Zona Sur de La Paz como masacres.

Según los informes recabados por la CIDH, las masacres se registraron el 11 de noviembre en la Zona Sur-Pedregal de la ciudad de La Paz, Sacaba-Cochabamba el 15 de noviembre y finalmente en Senkata-El Alto el 19 de noviembre y que durante la ejecución de esas masacres estuvo vigente el decreto Supremo 4078 (que deslindaba de responsabilidades a las FFAA); sin embargo el informe reza que bajo los estándares interamericanos de Derechos Humanos los actos llevados adelante durante la vigencia de esa norma no quedan amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidades para los agentes del Estado.