El presidente de Bolivia Luis Arce Catacora, instruyó este martes la desestructuración de todos los grupos parapoliciales y organizaciones irregulares como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala que fueron los brazos operativos y grupos de choque para concretar el golpe de Estado que se perpetró en noviembre del 2019, en el marco de las sugerencias del Grupo de Expertos Internacionales que investigaron la verdad de los hechos acaecidos antes, durante y después de las elecciones del 2019.

“Apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo a nuestros principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado, anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas (…) siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza del opresor paralela al Estado”, sostuvo Arce.

La autoridad anunció también la derogación del Decreto Supremo 4461, se establecerá una comisión de más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Instó también al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el informe del GIEI y exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de las violaciones de los derechos humanos en las masacres de Sacaba y Senkata y los demás departamentos en 2019.

La autoridad señaló que en Bolivia la historia indica que existe la presencia de una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado, algo como una resignación a vivir en una impunidad constante con relacion a las grandes violaciones de los derechos humanos, por lo que aseguró que ello cambiará definitivamente, por lo que instó a la población boliviana a no olvidar los hechos luctuosos, llevando en la memoria, la verdad y justicia, con un debido proceso integral de justicia.

La autoridad señaló que con el informe del GIEI se puede comprobar fehacientemente la existencia de un golpe de Estado, a partir del cual se perpetraron masacres y ejecuciones sumarias y extrajudiciales, por parte del régimen de facto, por lo que señaló que a partir de ese informe de más de 700 páginas, se pueda avanzar en el resarcimiento de los daños a las víctimas y la sanción mediante procesos a los culpables de tan lamentables actos.  

“Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del Gobierno de facto, el sufrimiento del pueblo boliviano está marcado en la historia de los pueblos del mundo (…) este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria no se repita nunca más en nuestro país y en ninguna otra parte del mundo”, sostuvo Arce.

Señaló además que se la policía y las Fuerzas Armadas, perpetraron terribles actos de violación a los derechos humanos dejando de lado su rol de protección y respeto por las libertades consagradas en la convención americana de los derechos humanos y demás normas internacionales.

“El GIEI evalúa que las FFAA y la policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos, las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de proteger y respetar los derechos y las libertades consagradas en la convención americana sobre derechos humanos y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos”, sostiene parte del informe del GIEI leído por el Presidente de Bolivia.