Los días 15 y 19 de noviembre de 2020 se cumplen exactamente un año de las masacres de Senkata en la ciudad de El Alto y Sacaba en Cochabamba donde producto de impactos de bala perdieron la vida más de 30 personas, en ese sentido los dirigentes de las organizaciones sociales como la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), exigieron se haga justicia de manera inmediata y se dé con los culpables de dichas masacres.

“Que se dé justicia, yo pido hoy en día a las autoridades que llevan la justicia en Bolivia, que hagan justicia para esos tantos muertos, tantos heridos, tantos huérfanos, y siguen todavía presos, entonces hoy en día pedimos desde la Confederación que hagan justicia, y nosotros vamos a luchar sigue para la liberación los presos políticos”, sostuvo Segundina Flores ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Masacre en Sacaba, 15 de noviembre de 2019

La CIDH tras las versiones e informaciones recabadas por todos los actores sociales que formaron parte de los conflictos sociales durante octubre y noviembre, relató de la siguiente manera lo sucedido en Sacaba, Senkata y la Zona Sur de La Paz en ese periodo de tiempo, en su informe preliminar emitido en diciembre del año pasado, donde además denominó como masacres lo sucedido.

“La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba”, así reza el informe preliminar que emitió la CIDH tras los sucesos acaecidos en Bolivia.

Masacre de Senkata 19 de noviembre de 2019

De la misma manera la Comisión en su informe preliminar relata lo suscitado durante la mañana del 19 de noviembre en la zona Senkata del distrio 8 de la ciudad de El Alto, donde 9 personas perdieron la vida por arma de fuego, no obstante señala que según versiones de mujeres y hombres víctimas, esa suma es incierta puesto que hay denuncias de varios cuerpos sin vida desaparecidos durante esa masacre y de los cuales aun no hay cuenta.  

“La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército. En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto. Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos, tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública. Al respecto, según declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales. También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha. 

A ese respecto el representante de los trabajadores mineros Mamerto Goyochea aseveró que es imprescindible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegará a Bolivia nuevamente en estos días, para realizar una investigación imparcial, debe actuar de manera urgente para dar con todos los responsables de la muerte de más de 30 personas en las que, la CIDH, denominó “masacres de Senkata y Sacaba”.

Detalló que la investigación debe ser urgente, puesto que al momento los partícipes del golpe de Estado inclusive quieren ser candidatos en las próximas elecciones nacionales, y no puede ser que ese tipo de personas que colaboraron y fueron parte de esas masacres ahora tranquila y felizmente quieran acceder a cargos políticos como autoridades electas, cuestionó Goyochea.

Según los informes recabados por la CIDH, las masacres se registraron el 11 de noviembre en la Zona Sur-Pedregal de la ciudad de La Paz, Sacaba-Cochabamba el 15 de noviembre y finalmente en Senkata-El Alto el 19 de noviembre y que durante la ejecución de esas masacres estuvo vigente el decreto Supremo 4078 (que deslindaba de responsabilidades a las FFAA); sin embargo el informe reza que bajo los estándares interamericanos de Derechos Humanos los actos llevados adelante durante la vigencia de esa norma no quedan amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidades para los agentes del Estado.