El secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe informó este lunes que tras innumerables resoluciones de reincorporación dictaminadas por la justicia boliviana a favor de los trabajadores del país, ninguna de ellas se cumplió, por lo que exigieron al TCP y entes de justicia del país hacer cumplir dichas resoluciones.

“Estamos pidiendo que el TCP junte todos los amparos constitucionales, las sentencias de reincorporación laboral, así para que se respete la constitución política del Estado en favor de los trabajadores, que los jueces de distritos laborales, cumplan esta sentencias que salen a favor de los trabajadores”, sostuvo Quispe en conferencia de prensa.

El dirigente exigió que desde el consejo de la magistratura, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, se haga respetar las resoluciones de la justicia, haciendo cumplir los derechos laborales de los trabajadores.

Los trabajadores exhortaron al Gobierno tomar cartas en el asunto, de tal manera que se cumpla las leyes y normas por parte de los empresarios, caso contrario se tomarán medidas de hecho y no se descarta movilizaciones a nivel nacional.

Quispe detalló que a la fecha existen varias resoluciones y sentencias constitucionales a favor de los trabajadores donde se determina la reincorporación de varios de ellos a las empresas, sin embargo no existe ente coercitivo que haga cumplir dichas determinaciones y los trabajadores continúan sin fuentes laborales.

Esa situación se da no solo en el sector minero, sino también en los sectores fabriles de todo el territorio nacional, por lo que se estaría vulnerando el derecho de los trabajadores, en ese sentido señaló que en las últimas horas se reunirán con el Fiscal General del Estado, para explicar sus reclamos y tratar de dar una solución al problema de todos los trabajadores del país.

El ejecutivo finalmente señaló que este martes el sector minero llevará adelante una reunión del comité ejecutivo de los mineros en la ciudad de Santa Cruz, para determinar llevar adelante un ampliado nacional, donde se decidirán medidas radicales a tomar en contra del incumplimiento de las leyes por parte de los empresarios.