Cooperativistas mineros responsabilizaron, este miércoles, a la AJAM y al Ministerio de Minería, por los enfrentamientos que derivaron en 8 personas heridas en la comunidad Unión Pauje al norte de La Paz, tras conflictos por avasallamientos ilegales; anunció que pedirán la militarización de las zonas en conflicto durante la reunión que sostendrán este jueves con el presidente Luis Arce Catacora, así lo informó el presidente de FERRECO, Eloy Sirpa.

“Nosotros hermos luchado todo este tiempo contra el avasallamiento y la minería ilegal, esto es responsabilidad de la AJAM, hace más de un año se ha suscitado este tema en Mapiri, ahí le dijimos que esto va ser el pan de cada día, hasta ahora no ha hecho nada y hace nada la AJAM”, sostuvo Sirpa a la Agencia de Noticias CCB.

En ese marco el dirigente señaló que este jueves se tendrá una reunión con el Presidente Luis Arce Catacora, y se pedirá principalmente una solución para evitar que ese tipo de enfrentamientos y conflictos se susciten en las áreas mineras cooperativistas, tal y como ocurrió este pasado martes donde en la comunidad Unión Pauje, cerca de Apolo, alrededor de 8 personas resultaron heridas de bala por conflictos de avasallamientos en ese lugar.

A su vez, Sirpa señaló que pedirán al primer mandatario se haga cumplir los convenios que se tiene con las Fuerzas Armadas, para que los mismos intervengan las zonas donde presuntos comunarios avasallan las áreas dispuestas para la explotación minera por parte de cooperativistas, asegurando que los mismos deben ser militarizados, con el fin de evitar ese tipo de enfrentamientos.   

“Hay un convenio entre el Ministerio de Defensa, Miniería y justicia para que este tipo de operativos se haga a la  brevedad posible, entonces se ha dicho que en menos de 48 horas (la militarización) en este tipo de avasallamientos debería darse y esto vamos a exigir”, acotó Sirpa a los periodistas.

Los conflictos sucedieron la tarde del martes, donde según versión de los comunarios, fueron avasallados por personas que no son del lugar, que estaban armadas y que no tienen autorización para explotar minerales; no obstante, los supuestos agresores afirman que cuentan con la autorización por “usos y costumbres” para efectuar la explotación minera.