El gerente General de la empresa Estatal de Electricidad DELAPAZ, Julio Aruquipa, informó este lunes que el régimen de facto habría cometido hechos irregulares y malos manejos en la empresa, que ascienden a más de 59 millones de bolivianos, en pérdidas económicas, por refacciones de oficinas comerciales, además de la reducción de las utilidades percibidas y la paralización de la inversiones, llegando a ejecutar solo un 44% de lo presupuestado.

“En la gestión 2020 se ha demostrado que la recaudación de los ingresos ha disminuido, las utilidades que se han mostrado en los estados financieros de la empresa, la auditoría muestra claramente, que en el 2020 las utilidades han disminuido, la utilidad llegó a 135 millones el 2019, el 2020 esta utilidad disminuyó llegando a 107 millones de bolivianos”, sostuvo Aruquipa en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que las auditorías determinaron que la remodelación de oficinas comerciales se realizaron sin el contrato ni proceso de contratación correspondiente, se hizo el cobro de ítems no ejecutados por parte de las dos empresas contratistas y se identificaron diferencias en cómputos métricos pagados.

El gerente señaló que durante el 2020 no se realizó una buena administración de la empresa de todos los bolivianos, además que se contrató a personal sin la experiencia necesaria y con un perfil no adecuado, como la contratación de un funcionario que era de profesión odontólogo.

Por su parte la directora jurídica de DELAPAZ, Isabel Ortuño, señaló que las auditorías también develaron que se pagaron en demasía a las empresas contratistas, por lo que su instancia inició un contacto con dichas empresas, para hacerles conocer los pagos en demasía que se generaron y que las mismas se comprometieron a devolver los montos económicos cobrados en demasía.

“Hemos actuado diligentemente para recuperar los montos que esta empresa habría pagado en su momento a estas empresas, adicionalmente la responsable de transparencia designada por el ministro Franklin Molina, está haciendo las investigaciones correspondientes para establecer la existencia o no de indicios de corrupción”, sostuvo Ortuño a la Agencia de Noticias CCB.

La autoridad detalló que al momento se está en proceso de recuperar, de los montos pagados en demasía, un total de 53.000 bolivianos, no obstante se continúa con las acciones para lograr recuperar el total de lo que se pagó innecesariamente.